Lucha contra la corrupción / Personaje de la semana

“La lucha contra la corrupción es un compromiso social de todos”

- 14 de junio de 2020 - 00:00
Mariana Yépez Exfiscal General del Estado, exjueza, exvicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Foto: Miguel Jimenez / El Telégrafo

La exmagistrada explicó que no se puede arreglar un país en un año para que vuelva nacer Ecuador.Para ella, la cultura del vivo, que se aprovecha de los bienes públicos, es el camino de inicio hacia ese fenómeno.

Fue la primera mujer Fiscal General del Estado. Es doctora en Jurisprudencia, exjueza y docente universitaria. Mariana Yépez habló con este Diario sobre la corrupción y el trabajo actual de esa entidad, que ella presidió de 1999 al 2005.

Tanta corrupción duele y golpea. ¿Qué piensa usted?
No es solo desoladora, da tristeza que se haya incrementado en estos días, en los cuales hay tanto dolor por la pandemia y la crisis económica. Duele mucho que se hayan aprovechado de esta situación.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que son mafias incrustadas en los hospitales que operan allí hace más de 10 años.
Parece que hay mafias en cada uno de los hospitales, también contratistas que hacen negocios de la salud. Eso es lo más grave, no habíamos escuchado antes como ahora.

En todos los ministerios había actos de corrupción, en la década correísta se escuchaba que el Ministerio de la Salud hizo contrataciones ilegales, pero no pasó nada. Pero hoy es tan evidente que todos los días tenemos escándalos y hasta parece una telenovela.

¿Cómo evitar que esto suceda?
Existen varias formas, una de ellas es la educación que es a largo plazo y los resultados también. Pero es válido que en los colegios y las escuelas exista una materia destinada a valores. Se perdió la Cívica, sería bueno reactivar esa materia para fomentar los valores. Las leyes necesitan reformarse, hemos perdido la tipificación de algunos delitos que estaban antes en el Código Penal.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) trajo modificaciones importantes en el aspecto procesal para perfeccionar la oralidad. Pero, en la parte sustantiva, en la tipificación de los delitos, sanciona más a los ciudadanos y no a la administración pública. Es como si crearon esa norma para encubrir estos hechos.

¿Por qué hicieron ese sistema legal?
Funcionarios públicos y contratistas son también responsables. Ese fue el modelo político del anterior Gobierno y todo se hizo en función a ello: la Constitución se hizo al servicio de ese modelo, también las leyes. Las normas penales que sirven para sancionar a los enemigos y para favorecer a los amigos. Hoy estamos viviendo las consecuencias de ese modelo político.

Las situaciones tan graves como las que vivimos hoy ameritan reformas puntuales para sancionar los delitos de corrupción en forma más drástica. Por ejemplo, las adquisiciones, los contratos de emergencia que no pueden ser calificados a la ligera, deben tener requisitos para ello.

¿Hay que cambiar la Ley de Contratación Pública?
Hay que cambiar, pero no olvidemos que a la Contraloría le quitaron sus facultades y el control previo a las contrataciones. En el Gobierno anterior cambiaron eso y dejaron que la Contraloría intervenga después de la contratación.

Lo mismo pasó con la Procuraduría General del Estado, ambos organismos son básicos para el control de la contratación pública, pero no lo hacen porque no hay una norma que faculte al Contralor para ello. Debe modificarse el COIP.

¿Estas son las consecuencias de ese modelo político de 10 años?
Creo que todo estaba al servicio del proyecto político del correísmo. No creo que hayan desconocido la corrupción, pero no sancionaban para no dañar a su modelo ni a sus amigos. Si tuvieron beneficios y nadie les controlaba y hacían contrataciones de emergencia, que es sin legalidad, sin requisitos, hicieron lo que desearon.

¿La impunidad empeora la situación y es usada por los saqueadores de los recursos públicos?
Hoy en los últimos casos se iniciaron procesos y las personas involucradas han sido identificadas y algunas están con prisión preventiva; otros tienen medidas cautelares alternativas, como impedimento de salir del país y obligación de presentarse a las judicaturas. Ya se está caminando y se descubre una cantidad de hechos como nunca.

Hay casos de corrupción en los que se siguen juicios de cohecho, sobornos, asociación ilícita, que son abusos de dinero público, contrataciones y estafas. Esto desborda a la Fiscalía, hay investigaciones e informes en esa entidad. Este tema es trascendente y de impacto social y debe ser atendido con mayor celeridad.

¿Cómo mira el trabajo de la Tarea de Fuerza Conjunta?
Debería incluir a otras instituciones como la Superintendencia de Compañías, por ejemplo. Muchas empresas son fantasmas y se crearon para cometer delitos, ¿quién tendría que controlar eso? Necesitamos un sistema que verifique a las personas que forman compañías. También debería unirse la Contraloría.

La Fuerza de Tarea es un buen modelo de gestión para atender esos casos, movilizarse por todo el país y no esperar al fiscal del Guayas para hacer esa gestión. La misma Fiscalía tiene señalados a los fiscales que intervienen y la Policía es su amigo natural. La Fiscalía no puede trabajar sin el apoyo de la segunda institución.

La década anterior desinstitucionalizó al país y este Gobierno le devolvió la institucionalidad. Pero no ha sido suficiente para acabar con eso.
Es así, pero no olvidemos que el Gobierno anterior duró 10 años y el actual lleva tres años en el poder. ¿En qué tiempo se arregla el país? No se puede arreglar todo en un año para que vuelva a nacer Ecuador, es complicado. La lucha contra la corrupción es un compromiso social, de todos.

Debemos aprender la diferencia entre lo que es correcto y lo que no es. La cultura del vivo, que optimiza los bienes de las instituciones públicas donde trabaja, no es correcta. Ese es el camino hacia la corrupción.

Y a todo nivel ocurre con los que copian los exámenes y no cumplen con sus obligaciones. Veo en los postes de las universidades: “hacemos tesis y con un número telefónico”. Los anunciantes son técnicos en computación y hacen tesis con criterios de diferentes tratadistas, arman un collage y así se gradúan y consiguen los títulos con ese facilismo.

La corrupción no es solamente recibir dinero, hay que actuar con corrección en todos los actos de la vida. Las familias también deben intervenir en la educación con valores y ética.

El articulista Hernán Pérez Loose dijo en una entrevista con este Diario que la corrupción en Ecuador es estructural.
Es así y atraviesa todo. Osvaldo Hurtado dijo que el país es corrupto a nivel general. Señaló que la política es corrupta, que en el Gobierno anterior terminaron con los políticos, desde su preparación, su elección interna, la capacitación y el control disciplinado y ético. La corrupción es estructural y cruza absolutamente todo.

¿Cómo se conjuga la corrupción con el poder político?
Creo que cada Función del Estado debe tener un control para evitar esas ilegalidades. Se requiere una oficina de control interno y cuando haya falencias se denuncien a la Fiscalía.

En el gobierno de Jamil Mahuad se creó la Comisión Cívica Anticorrupción, había un interés y seguimiento de las denuncias. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana no está cumpliendo con su trabajo y no ha hecho nada para luchar contra la corrupción.

La corrupción solo le interesa al 8% de la sociedad, según una encuesta.
No me llama la atención, a la gente lo que más le importa es el trabajo, la educación y la salud. Es un tema que está en cuarto lugar de los intereses de la sociedad. También hay la creencia de que aunque se lleven hacen carreteras. (I)

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